Uruguay: Lorenzo oculta la respuesta que devela irregularidades en el aval

El ministro de Economía se negó a entregarle a Larrañaga la respuesta del Banco Central a la pregunta más importante

 Por Leonardo Pereyra – El Observador – Compartir

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, resolvió mantener en secreto la respuesta del Banco Central a un pedido de informe del líder blanco Jorge Larrañaga –en la que quedan al descubierto irregularidades en el fracasado negocio de venta de los aviones de la exPluna– pese a que la propia autoridad monetaria estableció que el documento no tiene carácter reservado.
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Según supo El Observador, la respuesta del BCU a la quinta pregunta de las siete realizadas en el pedido de informes de Larrañaga admite que el Banco República no tuvo en cuenta varias normas bancocentralistas ni las leyes antilavado de dinero al otorgarle el aval de compra a la empresa Cosmo.

El informe completo sí fue enviado a la Justicia, según un comunicado de Lorenzo emitido la semana pasada.

El BCU le envió el documento al Ministerio de Economía para que este, a su vez, se lo entregara a Larrañaga. Pero el ministro Lorenzo le mandó al legislador seis de las respuestas y se guardó una. “Lorenzo mutiló la respuesta del Banco Central. Continúa escamoteando la información al Parlamento. A un legislador no le son aplicables las restricciones que pretende generar el ministro. Es el Parlamento quien puede analizar las eventuales responsabilidades políticas de los ministros y éste nos limita la información”, dijo Larrañaga.

Además, la razón esgrimida por Lorenzo para no enviar el documento completo al legislador es contradictoria ya que advierte sobre eventuales investigaciones que, según dice, aún  no están en curso. “Se ha optado por mantener en reserva la respuesta a la pregunta numero 5 por cuanto la misma involucra aspectos que dicen relación con eventuales investigaciones a realizar, no habiéndose instruido aún un procedimiento administrativo –con las garantías del caso– para la institución involucrada”, escribió Lorenzo en la carta a la que accedió El Observador.

Incluso, Lorenzo le advierte al legislador que “la información adjunta (es decir, el resto de las respuestas) es brindada bajo la misma reserva con la cual es recibida y –en tal carácter– debería ser procesada –inclusive– por los miembros del Poder Legislativo”.

La respuesta a la “pregunta 5” es considerada “clave” por la oposición para determinar inequívocamente si hubo violaciones a las normas que regulan la actividad bancaria. Allí Larrañaga pregunta “si la normativa bancocentralista y del propio Banco República fue cumplida en forma estricta en la operación de referencia. Si a criterio del Banco Central del Uruguay al momento del otorgamiento del aval, el Banco República tenía un conocimiento cabal del cliente a quien le fue otorgado. Respecto a este punto se solicita se informe cuál es la categorización de riesgo que el Banco República ha realizado de la firma Cosmo y si la misma se ajusta a las normas de acuerdo al Banco Central del Uruguay”.

Fuentes del caso informaron a El Observador que en esa respuesta quedan al desnudo decisiones poco ortodoxas en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas por el Banco Central y a las leyes que previenen el lavado de dinero.

“Maniobras”
Larrañaga realizó su pedido de informe el 17 de octubre pero recién a finales de noviembre el MEF reconoció que la respuesta del BCU estaba en su poder y que no la daba a conocer porque podía violar el secreto bancario.

Cuando Larrañaga vio que la totalidad del informe del BCU había sido retenida en el Ministerio de Economía, recurrió a la denominada “ley de acceso a la información” para que, al menos, la autoridad monetaria le respondiera la pregunta número 7 de su cuestionario.

Esta interrogaba acerca de si una operación de aval bancario queda o no comprendida por el secreto bancario. En el entremedio, le llegó el documento “podado” por Lorenzo –se nota que al hacer la fotocopia pusieron un papel en blanco sobre la respuesta 5 para ocultarla– y ayer, como fue dicho, Larrañaga tuvo acceso a la respuesta del abogado asesor del BCU, Daniel Artecona Gulla.
“La operación de aval, comprendiendo en ello la identificación del avalado, el monto, los términos y condiciones de la relación crediticia, sus garantías, no está comprendida en el secreto bancario.

Sí- en cambio- está comprendida la información confidencial que el cliente hubiese hecho llegar al Banco para obtener ese crédito de firma (estados patrimoniales, información económico financiera de la empresa, etc)”, señala el escrito. El asesor tampoco encuentra impedimento en que tome estado público “la categorización de riesgo” que se le otorgó a la empresa Cosmo.
No obstante, señala que el BCU “podría invocar transitoriamente la ‘reserva’ atendiendo a que se trata de una constatación primaria realizada por los inspectores, no habiéndose instruido aún un procedimiento administrativo con las garantías del caso para la institución involucrada; u optar por suministrar la información en aras de las transparencia pública propia de la responsabilidad que les compete”. De todos modos, el abogado no advirtió impedimentos jurídicos para darle toda la información al Ministerio de Economía.
En cambio, Lorenzo sí encontró razones para no trasladarle todos los datos a Larrañaga. El líder blanco dijo que hay un intento de ocultar asuntos relevantes.  “¿En las dos horas en que se dio el aval, se cumplieron las normas que debían cumplir?”, preguntó. Hasta ayer por la noche, el Ministerio de Economía guardaba la respuesta a buena parte de esos interrogantes.

Las otras respuestas sobre Pluna

. En las respuestas del Banco Central (BCU) que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, sí le entregó al líder blanco Jorge Larrañaga, se reconoce que el Banco República libró dos avales diferentes y que existen diferencias de dinero entre la garantía y el monto del aval.

Como había informado El Observador, el Banco Central señala que “la carpeta del deudor Cosmo” contiene una copia del aval otorgado a su favor por US$ 13.885.156 millones “con acuse de recibo con la firma del señor Hernán Calvo Sánchez que establece un plazo de 180 días a partir de la fecha de la firma del aval”.

Pero más adelante señala que “en la misma carpeta consta copia de un aval sustancialmente idéntico, sin la firma de acuse de recibo, con un plazo de 90 días a partir de la fecha de la firma del aval”.
En dicha carpeta consta el original de una póliza de seguro de caución emitida por Boston Compañía Argentina de Seguros que asegura al BROU el pago de US$ 13.688.516 por concepto de garantía.

En la respuesta se señala también que el seguro emitido por la aseguradora Boston rige hasta el 1 de enero de 2013, y que dicha compañía no está registrada en el Banco Central para operar en Uruguay

Compartir – Leonardo Pereyra @LeoPereyra5 – El Observador – Políticas – 18.12.2012, 05:00

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