Argentina: Jaime resiste la detención por corrupción que ordenó un juez

Jaime resiste la detención por corrupción que ordenó un juez

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El juez Bonadio acusó al ex secretario de Transporte kirchnerista de malversar fondos; Jaime, que está prófugo, solicitó la eximición de prisión, pero el magistrado rechazó el pedido

Por Hernán Cappiello  | LA NACION – Sábado 13 de julio de 2013 | Publicado en edición impresa.

La Justicia dictó ayer un pedido de captura contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien de este modo se transformó en el primer funcionario del kirchnerismo en condiciones de ir a prisión.
La medida fue tomada por el juez federal Claudio Bonadio, quien lo acusó de administrar de manera fraudulenta un contrato por poco menos de $ 8 millones para realizar mejoras en el ferrocarril Belgrano Cargas, y por autorizar sin fundamento el pago de $ 2 millones a esa empresa.
Bonadio, que esta misma semana indagó en otra causa por abuso de autoridad al secretario de Comercio Interior , Guillermo Moreno, entendió que Jaime debe estar preso porque puede eludir a la Justicia y perjudicar la investigación. Más aún: sembró dudas de que con ayuda de funcionarios de la administración nacional pudiera complicar la causa. “Es posible sostener que Jaime, atento a sus vínculos con altos funcionarios del Estado al haber formado parte del gobierno actual, de continuar en libertad, podría entorpecer el accionar judicial y el descubrimiento de la verdad”, dijo.
La Policía Federal allanó anoche una casa en Villa Carlos Paz, Córboba, donde Jaime tenía registrado su domicilio en Omaguacas 91, barrio Costa Azul, pero no dio con él. También lo fue a buscar a un departamento de Puerto Madero, cerca del Hotel Faena, donde se aloja en Buenos Aires, pero tampoco lo encontró.
Jaime pidió ayer a la tarde, a través de sus abogados, la eximición de prisión para poder presentarse sin riesgo de quedar preso, a cambio de que se establezca una fianza como garantía de que no va a eludir la Justicia. Pero Bonadio la rechazó, y Jaime apelará.
La estrategia de Jaime es buscar mantenerse prófugo hasta que la Cámara Federal revise la negativa a su exención de prisión durante la feria judicial que comenzó ayer, y presentarse sólo cuando consiga que le revoquen esa decisión. Si es que lo logra. “No se va a presentar porque no están dadas las mínimas garantías para hacerlo y esperaremos la resolución de la Cámara Federal de feria”, le dijeron a la agencia DyN allegados a su defensa.
Jaime acumula 20 causas judiciales por corrupción, cuatro de las cuales están próximas al juicio.
Además de Jaime, Bonadio resolvió ayer procesar con prisión preventiva al ex líder de la Unión Ferroviaria José Pedraza, quien ya está preso, condenado como instigador del asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra. Pedraza fue director suplente del Belgrano Cargas, donde se cometió el fraude, empresa de la que además era accionista mayoritario en representación de la Unión Ferroviaria. La presidenta del Belgrano Cargas era su mujer, Graciela Coria, que ayer también fue procesada sin prisión preventiva.
El juez también procesó a Ángel Stafforini, vicepresidente del Belgrano Cargas y que está además procesado en otra causa por intentar pagar un soborno a tres camaristas de casación y lograr la excarcelación de Pedraza en la causa por el homicidio de Ferreyra.
Otro de los procesados sin prisión preventiva era un funcionario del gobierno hasta hace pocos meses: Pedro Ochoa Romero, ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), imputado por no controlar la ejecución del contrato con Belgrano Cargas pese a que se le dio intervención para que lo revisara. Ochoa Romero también se encuentra procesado y camino al juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once. El último de los procesados es Carlos Luigi Cappelli, presidente de la empresa Sociedad Operadora de Emergencia (SOE), una firma privada que gerenciaba la línea.
La maniobra que investiga Bonadio fue denunciada en 2009 por la Fiscalía Nacional de Investigaciones administrativas y consiste en las irregularidades del plan de obras para el Belgrano Cargas, para el que se dispuso un presupuesto de casi 5 millones de pesos y terminó aprobándose por casi 8 millones. El trámite del subsidio al Belgrano Cargas se realizó en menos de un día, desde el inicio de las actuaciones hasta su aprobación.
Bonadio concluyó que la Secretaria de Transporte aprobó una obra de inversión por 4 millones de pesos, sin pedir autorización; habilitó una licitación por el doble de lo presupuestado, adelantó 2,5 millones de pesos y luego completó el monto hasta casi 8 millones. Si sobrepasaba era cifra, Jaime no podía aprobarlo y debía hacerlo la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por eso la suma fue disminuida. Belgrano Cargas le pagaba a la empresa que hizo la obra, Zonis, pero retenía un monto. Al final la propia Secretaría le ordenó a la gerenciadora SODE que pagara esos 2,5 millones de su propia cuenta. Bonadio dijo que reunió pruebas para probar que Jaime probablemente “intervino en las artimañas que permitieron el apoderamiento de fondos públicos por parte de las autoridades del Belgrano Cargas”.
“Se puede percibir la idea subyacente, de un plan orquestado con la única intención de que Belgrano Cargas recibiera fondos públicos con la mayor premura, sin importar el destino que pudieran darles sus responsables, inclusive el de su apoderamiento o desaparición”, dijo.
El juez entendió que la velocidad con que se tramitó todo permite pensar que el interés no era la obra, sino que Belgrano Cargas se hiciera de los fondos. Durante los siete años que duró la concesión no se tomaron los debidos recaudos para asegurar de un modo inequívoco la forma en que se desarrollaría la contratación.
“El monto presupuestado excedía las facultades del secretario de Transporte y el acto administrativo de aprobación debía ser firmado por el jefe de Gabinete de Ministros”, dijo el juez, pero para evitarlo, la empresa redujo la suma presupuestada. “De esta forma el acto administrativo podía ser firmado por el ministro (Julio De Vido). Sin embargo, luego de transitar el expediente por dicha instancia sin emitirse opinión alguna, el departamento jurídico sugirió que el acto podía ser firmado por el secretario de Transporte «ad referéndum» del ministro, lo que finalmente sucedió”. Para el juez hubo una “inequívoca voluntad del secretario de Transporte de convalidar arbitrariamente hechos y giros de dinero que ya se habían concretado, motivados en una licitación que duplicaba el monto inicial presupuestado y que no tenía respaldo legal por parte de la Administración”. Para Bonadio, Jaime tenía la intención “de nutrir a Belgrano Cargas de fondos públicos para beneficio de tal sociedad comercial”.

https://lascotidianasdeenrique.wordpress.com

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