El gobierno considera que “no hay pruebas” que demuestren la conformación de un “conjunto económico” que opere 11 emisoras del denominado “Grupo Sarandí” y por ello, en base al informe del actual fiscal de gobierno y ex secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, decidió clausurar el expediente sobre presuntas ilegalidades en la concesión de esos permisos de radios.
Compartir – El Observador – Concesión de Radios – 31.10.2012 05:00
El gobierno dice que rechazó llevarlo a la Justicia por “falta de pruebas”
Para el subsecretario del Ministerio de Industria, Edgardo Ortuño, en un caso que involucra a la libertad de expresión se “debe actuar con total objetividad y responsabilidad” y “no se puede revocar autorización de medios en base a indicios y sin pruebas contundentes”.
El expediente se abrió en 2009, a raíz de una denuncia de la ONG Grupo Medios y Sociedad, que pidió indagar si esas 11 emisoras de Montevideo y del interior eran propiedad del empresario mexicano Ángel González.
Esas radios las habría adquirido entre 2007 y 2009 y son las del exgrupo Sarandí: radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana y radio Disney; y las del exgrupo del Plata: Emisora del Plata, Futura FM, FM Total, radio Real de San Carlos de Colonia, Emisora Cenit de Rivera, emisora Santa Rosa de Canelones y La Pedrera FM.
Un informe de Jurídica del Ministerio de Industria recomendó pasar los antecedentes a la Justicia. Ese expediente fue elevado al fiscal de Gobierno que lo investigó. El Observador informó ayer que ese informe también recomendó enviar el asunto al Poder Judicial. Sin embargo eso no es así. Por el contrario, Toma recomendó archivar el expediente por razones de forma y también de fondo.
El programa No toquen nada de Océano FM –que realizó una investigación sobre el tema– había informado el lunes que también la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), había encontrado “indicios” para indagar si las emisoras respondían a un único grupo empresarial.
Informe fiscal
El fiscal Toma entendió en su informe que “resulta muy endeble (por no decir insuficiente o inexistente), la prueba indiciaria utilizada para fundar la existencia de un conjunto económico”.
La prueba presentada por los denunciantes fue una inspección que constató que siete emisoras de radio operaban en instalaciones de la calle Enriqueta Compte y Riqué, y el “informe de facturación de publicidad provista a la Intendencia Municipal de Montevideo” que comprobaría que “las emisoras que componen el Grupo Mont Soleil S.A. serían siete radios”.
El fiscal entendió que esta prueba es “endeble” porque, en primer lugar, “las empresa pueden legítimamente expandir su actividad y hasta utilizar instrumentos que sean conducentes a la eficiencia comercial, mediante mecanismos de colaboración de otros empresarios a efectos de potenciar las actividades de la propia”. En segundo lugar, “en este caso la concentración posee un objetivo de colaboración, que se obtiene a través de contratos, con miras a obtener servicios determinados”.
Por último, el fiscal destacó que “tampoco se advierte desajuste normativo cuando determinadas emisoras contratan a la empresa Mont Soleil para la prestación de los servicios de apoyo técnico y de programación, en la medida que el actuar comercial es ajustado a derecho y no implica ni conlleva que pueda prescindirse de la personalidad jurídica, y de los actos que cada uno de los involucrados desarrolla, al no virtualizarse prueba eficiente de fraude a la ley o violación del orden público”.
El fiscal concluyó en el informe que le presentó al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, que “no ha existido en el caso violación del artículo 12 del decreto 734/978, ni las conductas actuadas por los beneficiarios de las autorizaciones concedidas son reprochables; no siendo de recibo la invocación del conjunto económico, tanto desde el punto de vista adjetivo como sustantivo”.
Ortuño se mostró “fuertemente sorprendido por elucubraciones de presuntas acusaciones que han dado a entender falta de transparencia en la gestión del expediente sobre las radios”. “Eso es totalmente injusto y falto de fundamento”, agregó.
El Observador
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